Recientemente he vuelto a
leer, luego de siete años, “Historia del liberalismo político” de André Jardin
(FCE, 1998, México). Algo ya comenté en un blog que frecuento sobre las
similitudes que encuentro entre el modo en que Jardin describe algunos aspectos
del Régimen de Luis Napoleón y mucho de lo que uno puede comprobar en la
Argentina de los últimos años. A continuación, transcribo los pasajes que me
han parecido más reveladores de estas similitudes. Todos pertenecen al Capítulo
XXIII del libro, que se titula “Segundo Imperio y Reflujo del Liberalismo”. Con
ustedes, entonces, el gran Jardin:
La
“base de la pirámide”, para decirlo con imagen cara al jefe de Estado, fue la
soberanía del pueblo, expresada mediante el sufragio universal. La Segunda
República, como vimos, trató de establecer un arreglo entre la tradición
liberal, en la que los derechos primordiales del individuo estaban garantizados
por el equilibrio de podres, y la tradición revolucionaria republicana, que
hizo hincapié en la unidad de la nación. El
nuevo régimen se inclinó por la segunda opción. La afirmación del artículo
1º de la Constitución, en el sentido de que “reconoce, confirma y garantiza los
grandes principios de 1789”, en la medida en que no es una simple ilusión
óptica, no fue, sin embargo, adhesión al espíritu de la declaración de los
derechos, sino preocupación por señalar
las distancias respecto de los “blancos”, sospechosos de ternura por el
Antiguo Régimen.
(…)
el segundo rasgo del régimen era el de la alianza entre el pueblo y una
dinastía: sentimiento místico, no sujetable al análisis racional, que convirtió
a la Revolución francesa en la fuente de una legitimidad nueva, que puso a los napoleónidas otra vez en los Capetos,
como antaño éstos sustituyeron a los carolingios.
La misión que se les encomendó no fue la
de proseguir el impulso revolucionario, sino la de “interrumpirlo” mediante la
creación de un orden social estable, propiciador del desarrollo económico y
de la realización de la tarea emancipadora de Francia en el mundo. El
emperador, por su cuna, estaba predestinado, por lo tanto, a que se trasladase
a su propia persona la voluntad latente del pueblo francés.
Tal régimen, aunque pueda,
por razones técnicas, distinguir funciones, no puede separar poderes. El poder reside en la persona del
emperador y Napoleón III puso mucho cuidado, si hemos de creer a Ollivier, en
que todo se hiciese en su nombre. En su nombre, al menos, se impartió entonces
la justicia, como en la antigua Francia se la impartió en nombre del rey. Jefe únicamente responsable ante el pueblo,
el emperador ejerció en su plenitud las atribuciones de la soberanía: “Manda
las fuerzas de tierra y mar, declara la guerra, establece los tratados de paz,
de alianza y de comercio, nombra para todos los cargos y formula los
reglamentos y decretos necesarios para la aplicación de las leyes”. Los ministros volvieron a ser, por
consiguiente, lo que habían sido antes de los regímenes representativos, es
decir, simples empleados; se
reunirían en consejo para informar al emperador y recibir informes de éste y de
sus colegas, pero sin que hubiese decisión de consejo ni solidaridad entre sus
miembros. Responsables únicamente ante el emperador, obligatoriamente ajenos al
cuerpo legislativo, su influencia sólo podría ejercerse por su conocimiento de
la práctica administrativa o la confianza del soberano. Este último participaba
del poder legislativo: sólo a él
correspondía la iniciativa de las leyes, y era libre de sancionarlas o no.
El principio fundamental
(…) fue el de la centralización
napoleónica, ensalzada como la armazón de que había dotado Napoleón a la
Francia moderna. Sobra decir que se
abandonaron las veleidades descentralizadoras de 1848.
(…)
La instalación del régimen vino acompañada de una suspensión de las libertades individuales. El pretexto, también
a este respecto, fue el peligro de la gran insurrección de 1852; el propósito
esencial, el de privar de sus jefes y sus mandos, aun de los modestos, al
partido republicano, propósito ya apreciable en el trato diferente dado a los diversos
representantes, opositores de la legislativa. (…) En el conjunto del país,
prefectos, magistrados, policías o gendarmes detuvieron arbitrariamente no sólo a quienes participaron en las
revueltas contra el golpe de Estado, sino a los miembros de las sociedades
secretas y, puesto que por definición no se les conocía, a quienes
supuestamente pertenecían a ellas. Estas persecuciones dieron como fruto 27000
detenciones y las comisiones mixtas departamentales dictaron 15300 condenas.
(…)
Una nueva ola de represión se produjo en 1858, a consecuencia del célebre
atentado de Orsini. El general Espinasse, nombrado ministro del Interior,
declaró “que había llegado el momento de que los buenos se sintieran tranquilos
y que los malvados temblaran”. Consiguió que se aprobara la ‘ley de seguridad general’ del 27 de
febrero. No sólo cualquiera que fuese sospechoso de haber participado en una
acción concertada contra el gobierno podía ser perseguido, sino cualquier
individuo que hubiese sido objeto de una condena desde 1848 podría ser exiliado
o deportado sin que fuese preciso acusarlo de una nueva acción. Esta “ley de sospechosos” no tardó en caer
en desuso, pero no antes de sumar 430 víctimas.
Estos
períodos en que el régimen quiso aterrar a sus adversarios fueron, pues,
relativamente breves. Pero la
arbitrariedad policial se expresó en la vigilancia de los lugares públicos, en
el número de soplones, en la violación del secreto de la correspondencia e
inclusive la del domicilio o el secuestro de papeles privados, como aquel
de que fue víctima un liberal tan inofensivo y legalista como el duque de
Broglie.
Tal régimen tuvo que
desconfiar de la prensa.
(…) Desaparecieron numerosos periódicos; la prensa parisiense se redujo a 11
diarios. En provincia, la prensa republicana fue casi aniquilada, en tanto que
los órganos legitimistas pasaron de 60 a 24. El decreto del 17 de febrero de
1852 fijó el status de la prensa periódica. Con excepción de la censura
(restablecida para las representaciones dramáticas), encontramos todas las medidas clásicas de desconfianza: autorización previa, fianza, timbre y
castigo correccional de los delitos.
(…)
Jamás, desde el Primer Imperio, gozó la prensa de tan poca libertad. Sin
embargo, los periódicos no se limitaron entonces, como en aquel otro tiempo, a
la simple copia de un Moniteur; cerca
de 40 años de régimen liberal no podían abolirse. (…) Hubo, en el autoritarismo
del Segundo Imperio, un tono hipócrita y
zalamero, exigido por su deseo de
hacerse aceptar por la opinión: “Vivimos bajo un gobierno que rechaza el
fraude y la violencia sólo cuando van acompañados de ruido”, escribió
Tocqueville en 1857” (pp. 409-415)
Todos conocemos, más o menos,
cómo terminó el régimen de Napoleón III. Y todos conocemos también cuán
ilusorio sería querer trasladar lo ocurrido en aquella época y en aquel país a
lo que ocurre actualmente y en nuestra patria. Por fortuna, la historiografía
científica nos recuerda a menudo sobre lo inverosímil que resultan este tipo de
experimentos, más preocupados en dar profecías alarmistas y desestabilizadoras
que en desgajar los datos de la realidad analíticamente y con independencia de
cualquier intencionalidad subrepticia. ¿No nota el lector, sin embargo, un
“gran parecido de familia” (Wittgenstein dixit)
entre lo que describen los términos marcados en negrita y lo que uno podría predicar de los hechos más relevantes
de la política nacional? ¿Acaso no se detecta en el gobierno de Cristina una
inclinación por construir un supuesto relato de unidad nacional mucho más
pronunciada que la que podría volcarse a garantizar un auténtico equilibrio de
poderes? Dicho sea de paso, en esta construcción maniquea y totalizadora que
propone el kirchnerismo de la política, cualquiera adivinará quiénes ocupan el
rol de “blancos” a los que se refiere la descripción de Jardin. Siguiendo la
misma línea, ¿no cabría calificar como llamativamente ‘napoleónica’ la relación
directa que Cristina pretende instaurar con su pueblo, ajena a cualquier mediación
institucional? ¿O qué hay en lo que atañe a la prensa? A lo largo de estos
años, ¿no ha dado el kirchnerismo muestras más que sobradas de lo difícil que
le resulta convivir con una prensa opositora? ¿No es, además, la ‘ley de
sospechosos’ que se sancionara en la Francia de 1858 el análogo perfecto de la
reciente Ley Antiterrorista sancionada en Argentina? ¿Y no cumplen los soplones
de la Francia de Napoleón III un papel muy similar al que parecen cumplir los
agentes infiltrados en las manifestaciones sociales, puestos al descubierto por
los documentos desclasificados del Proyecto X?
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